Manifiesto

Manifiesto de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zamora: Stop desahucios.

El artículo 47 de la Constitución dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.

Pero la cruda realidad es muy distinta a lo contemplado en la Carta Magna. Con el estallido de la crisis, con el aumento insufrible del paro, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre familias por no poder pagar el alquiler del piso o tener hipotecas impagables, muchas de ellas contraídas en condiciones leoninas. En la actualidad, esa amenaza se ha convertido en una trágica realidad. Así, entre el 2007 y 20011, según datos del Consejo General del Poder Judicial, la cifra de ejecuciones hipotecarias supera las 300.000. A este escenario, a medida que el paro se dispara, deben sumarse miles de desahucios por impago de alquileres, y el número de afectados no deja de crecer. En la provincia de Zamora, el número de desalojos por orden judicial por impagos de alquileres y de créditos hipotecarios en la primera mitad de año es de 315, cifra que iguala al total del año anterior. 

Lejos de ser un fenómeno natural o un simple trámite jurídico, los desahucios por razones económicas entrañan una innegable dosis de violencia. Quienes los padecen, no sólo ven afectado su derecho a la vivienda. Al haber dedicado casi todos sus recursos a mantener un techo para sí y los suyos, quedan expuestos a vulneraciones severas de sus derechos a la integridad física y psíquica, a conservar o a buscar un empleo, a asegurar la educación de sus hijos. En casos como el español, esta situación es especialmente trágica, ya que el desahucio no comporta casi nunca el realojamiento digno exigido por Naciones Unidas, siendo la actuación de los servicios sociales, en estos casos, escasa o nula.

La violencia que experimenta quien es desahuciado no cae del cielo. En la mayoría de los casos, es producida por entidades financieras, constructoras y grandes inmobiliarias para quienes la vivienda no es un derecho, sino una simple mercancía de la que extraer la mayor renta posible. A menudo, esta violencia opera por vías abiertamente ilegales. Otras veces cuenta con la cobertura de leyes y decisiones institucionales que la autorizan o que incluso la fomentan. Ni el sobreendeudamiento hipotecario, ni el llamado desalojo exprés, ni el apenas 2% de vivienda pública de alquiler, ni la fiebre especulativa que ha dejado tras de sí más de 4.000.000 inmuebles vacíos o infrautilizados, son el producto de espontáneas leyes de mercado. Reflejan intervenciones públicas explícitas, a menudo concertadas con agentes privados a los que deliberadamente se exime de toda responsabilidad social y jurídica.

Esta connivencia, en la que, con diferentes énfasis, coinciden los grandes partidos estatales PP y PSOE y las derechas nacionalistas, no se ha visto cuestionada por la agudización de la crisis. Propuestas razonables como la dación en pago o la movilización al alquiler social del parque de viviendas en manos de la banca o de grandes propietarios, se han estrellado con la férrea oposición del PSOE, del PP y de las derechas autonómicas. Incluso los cuestionamientos al procedimiento de ejecución hipotecaria por vulneración del debido proceso y del derecho a la vivienda han sido descartados por el Tribunal Constitucional sin consideración alguna sobre la actual situación de emergencia habitacional.

En un contexto así, cuando se vulneran derechos generalizables y los canales institucionales permanecen bloqueados, la resistencia civil se convierte en la última garantía contra la arbitrariedad del poder y la degradación del principio democrático. Por ello nuestro apoyo y solidaridad a las familias afectadas, nuestro apoyo a las movilizaciones como vía legítima de defensa, no de privilegios, sino de los derechos de todos, constantemente amenazados, para frenar los más de 200 desalojos que se practican diariamente. En los últimos meses, ya se han parado más de 70 gracias a la campaña “STOP desahucios”, en el marco de actuación del 15-M. Pretender tratarla como una cuestión de orden público, practicando desahucios sin previo aviso, en horas inhábiles o con amplios dispositivos policiales, es un gesto de impotencia que, lejos de eliminar el conflicto, ahondará el descrédito de las propias instituciones. Tener un techo digno y seguro es una necesidad básica para el desarrollo personal y para la vida en comunidad. Y el desahucio, la condena a la intemperie, una forma de violencia a la que, como muestran las acciones de protesta en curso, ninguna persona sensata y con fuerzas puede resignarse y quedarse de brazos cruzados.

-PAREMOS LOS DESAHUCIOS

-DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA

-DACIÓN EN PAGO

-PARQUE DE VIVIENDAS PARA ALQUILER SOCIAL