Manifiesto
de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Zamora: Stop desahucios.
El artículo 47 de la Constitución dice: "Todos los españoles tienen derecho a disfrutar
de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones
necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este
derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general
para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que
genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Pero la cruda realidad es
muy distinta a lo contemplado en la Carta Magna. Con el estallido de la crisis, con el
aumento insufrible del paro, el fantasma del desalojo comenzó a planear sobre
familias por no poder pagar el alquiler del piso o tener hipotecas impagables,
muchas de ellas contraídas en condiciones leoninas. En la actualidad, esa
amenaza se ha convertido en una trágica realidad. Así, entre el 2007 y 20011,
según datos del Consejo General del Poder Judicial, la cifra de ejecuciones
hipotecarias supera las 300.000. A este escenario, a medida que el paro se
dispara, deben sumarse miles de desahucios por impago de alquileres, y el
número de afectados no deja de crecer. En la provincia de Zamora, el número de desalojos
por orden judicial por impagos de alquileres y de créditos hipotecarios en la
primera mitad de año es de 315, cifra que iguala al total del año anterior.
Lejos de ser un fenómeno natural o un simple trámite
jurídico, los desahucios por razones económicas entrañan una innegable dosis de
violencia. Quienes los padecen, no sólo ven afectado su derecho a la vivienda.
Al haber dedicado casi todos sus recursos a mantener un techo para sí y los
suyos, quedan expuestos a vulneraciones severas de sus derechos a la integridad
física y psíquica, a conservar o a buscar un empleo, a asegurar la educación de
sus hijos. En casos como el español, esta situación es especialmente trágica,
ya que el desahucio no comporta casi nunca el realojamiento digno exigido por
Naciones Unidas, siendo la actuación de los servicios sociales, en estos casos,
escasa o nula.
La violencia que experimenta quien es desahuciado no
cae del cielo. En la mayoría de los casos, es producida por entidades
financieras, constructoras y grandes inmobiliarias para quienes la vivienda no
es un derecho, sino una simple mercancía de la que extraer la mayor renta
posible. A menudo, esta violencia opera por vías abiertamente ilegales. Otras
veces cuenta con la cobertura de leyes y decisiones institucionales que la
autorizan o que incluso la fomentan. Ni el sobreendeudamiento hipotecario, ni
el llamado desalojo exprés, ni el apenas 2% de vivienda pública de alquiler, ni
la fiebre especulativa que ha dejado tras de sí más de 4.000.000 inmuebles
vacíos o infrautilizados, son el producto de espontáneas leyes de mercado. Reflejan
intervenciones públicas explícitas, a menudo concertadas con agentes privados a
los que deliberadamente se exime de toda responsabilidad social y jurídica.
Esta connivencia, en la que, con diferentes énfasis,
coinciden los grandes partidos estatales PP y PSOE y las derechas nacionalistas,
no se ha visto cuestionada por la agudización de la crisis. Propuestas
razonables como la dación en pago o la movilización al alquiler social del
parque de viviendas en manos de la banca o de grandes propietarios, se han
estrellado con la férrea oposición del PSOE, del PP y de las derechas
autonómicas. Incluso los cuestionamientos al procedimiento de ejecución
hipotecaria por vulneración del debido proceso y del derecho a la vivienda han
sido descartados por el Tribunal Constitucional sin consideración alguna sobre
la actual situación de emergencia habitacional.
En un contexto así, cuando se vulneran derechos
generalizables y los canales institucionales permanecen bloqueados, la
resistencia civil se convierte en la última garantía contra la arbitrariedad
del poder y la degradación del principio democrático. Por ello nuestro apoyo y
solidaridad a las familias afectadas, nuestro apoyo a las movilizaciones como
vía legítima de defensa, no de privilegios, sino de los derechos de todos,
constantemente amenazados, para frenar los más de 200 desalojos que se
practican diariamente. En los últimos meses, ya se han parado más de 70 gracias
a la campaña “STOP desahucios”, en el marco de actuación del 15-M. Pretender
tratarla como una cuestión de orden público, practicando desahucios sin previo
aviso, en horas inhábiles o con amplios dispositivos policiales, es un gesto de
impotencia que, lejos de eliminar el conflicto, ahondará el descrédito de las
propias instituciones. Tener un techo digno y seguro es una necesidad básica
para el desarrollo personal y para la vida en comunidad. Y el desahucio, la
condena a la intemperie, una forma de violencia a la que, como muestran las
acciones de protesta en curso, ninguna persona sensata y con fuerzas puede
resignarse y quedarse de brazos cruzados.
-PAREMOS LOS
DESAHUCIOS
-DERECHO A
UNA VIVIENDA DIGNA
-DACIÓN EN
PAGO
-PARQUE DE
VIVIENDAS PARA ALQUILER SOCIAL
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