MOCIÓN PAH ZAMORA
Miles de
familias se encuentran en situaciones dramáticas, sin poder pagar la hipoteca o
a punto de dejar de pagarla. Muchas están en fase de ejecución hipotecaria, por
lo que temen ser desahuciadas en los próximos meses. La mala regulación del
sistema bancario español hace que no sólo corran riesgo de perder sus casas y
quedarse en la calle, sino también de mantener parte de la deuda, ya que ahora
los bancos están tasando las mismas viviendas a precios inferiores.
La
administración no propone ninguna solución. La moratoria ICO, anunciada por el
gobierno, no sólo no resuelve el problema sino que lo aplaza y lo complica al
aumentar los intereses. Además, los criterios de su aplicación dejan fuera a
las familias en situación de mayor vulnerabilidad y en muchos casos los bancos
se niegan a aplicarla, ya que no están obligados.
Denunciamos
que las personas hipotecadas están siendo víctimas de un fraude hipotecario
generalizado y unas cláusulas contractuales abusivas. Fueron los bancos lo que
facilitaron y otorgaron hipotecas a pesar de muchos no éramos sujetos de
crédito y teníamos unos ingresos bajos. Sobrevaloraron la tasación de la
vivienda, inflando el precio, y aumentando la deuda contraída. Pero la lista de
irregularidades no acaba aquí: comisiones abusivas; contratación obligada de
seguros caros e inútiles; intereses variables referenciados al euríbor más unos
diferenciales desorbitados; información engañosa o sesgada, sobre posibles
aumentos de la hipoteca, etc. Todo ello con una inequívoca finalidad: optimizar
beneficios y sortear controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable
debería tener.
No
negamos tener parte de responsabilidad al haber firmado un contrato que a día
de hoy no podemos mantener, a pesar de las condiciones fraudulentas en que se
pactaron muchas de ellas. Sin embargo el índice de morosidad de familias ha
permanecido increíblemente bajo. Al contrario que los bancos, que ante el
estallido de la crisis no han dudado en exigir dinero público, las familias endeudadas
han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y
los intereses se lo han permitido. Ahora que ya no pueden hacerlo, la respuesta
de las entidades crediticias ha sido
intentar renegociar a favor de la entidad o la ejecución hipotecaria.
Con un agravante: dada la desvalorización sufrida por los pisos, es posible que
quien los pierda siga debiendo dinero a
la entidad que astutamente los endeudó.
No
debemos olvidar la responsabilidad de las distintas administraciones públicas
que han desarrollado una legislación que solo ha promovido el acceso a una
vivienda en régimen de propiedad como única forma de acceso a una vivienda
estable y segura y que en la práctica ha significado el sobreendeudamiento de
las familias, marginando así, otras formas
de acceso a la vivienda como el alquiler.
La
desgravación fiscal de la compra, la inestabilidad e inseguridad de los
inquilinos ante una ley de arrendamientos urbanos que defiende los intereses
del propietario, la desregulación del mercado hipotecario que permite hipotecas
a 50 años, la inexistencia de un parque público de alquiler y la falta de
control y restricción sobre el crédito, han empujado a millones de familias a
endeudarse por encima de sus posibilidades para acceder a una vivienda digna.
Además
los bancos, junto con inmobiliarias, administraciones y medios de comunicación,
durante muchos años repitieron que alquilar era tirar el dinero, que era mucho
mejor comprar y que los precios de los pisos nunca bajarían. Bajo estas condiciones,
inmobiliarias, bancos y cajas aprovecharon el contexto objetivo y dedicaron
todo su aparato propagandístico a incentivar la compra y el sobreendeudamiento.
Según datos del Consejo General del Poder
Judicial, entre 2007 y el primer trimestre de 2011 se han producido 350.000
ejecuciones hipotecarias en todo el estado. En los tres primeros meses
del año han echado de sus casas a 15.491 familias en España, eso hace
una media de 175 desahucios diarios. Sólo en la provincia de Zamora el los seis
primeros meses del año 645 familias han perdido su casa. Recordarle
también al Ayuntamiento la deuda que mantiene desde hace años sobre patrimonio
de suelo que asciende a 4 millones de euros.
Propuestas
para la Moción :
1) Exigir que se haga público
el Patrimonio de suelo que posee actualmente el Ayuntamiento y otras
administraciones.
2)
Solicitar al Ayuntamiento que ceda a la Junta de CyL los solares que
tiene sin uso en los barrios de San Frontis y Pinilla, y
el solar que se encuentra en Avenida Cardenal Cisneros (tema de actualidad),
así como viviendas vacías o con propietarios sin derecho propiedad del
Ayuntamiento, para reconvertirlo en un parque de vivienda popular.
3)
Proponer la creación de una agencia municipal por el derecho a
la vivienda. Esta agencia se encargaría, a través de la
congestión directa y pública, de establecer un parque de vivienda para poder
garantizar el derecho a la vivienda siguiendo lo establecido en el art. 47 de la CE. Este parque de
viviendas estaría formado por:
a)
Vivienda de propiedad del ayuntamiento.
b)
Por vivienda de nueva creación en lo
solares propiedad de la institución local, esta construcción sería por parte de
la Junta ,
cediendo luego estas viviendas al Ayuntamiento de Zamora o bien siendo el
propio promotor el Ayuntamiento.
c)
Y también por viviendas cedidas a esta
agencia municipal por entidades privadas o por particulares.
Bien esta agencia promovería el acceso a la
vivienda a sectores de la población según sus ingresos y otros elementos
sociales, familiares, etc. que se valorarían, a través de alquileres que no
excedan el 30% de los ingresos familiares. Pudiendo acceder a la compra en las
viviendas de ese parque que sean propiedad de las entidades o personas
privadas, siempre en una gestión protegida por la administración y privada
entre las partes.
Esta agencia promoverá el alquiler popular
buscando el acabar con la especulación inmobiliaria.
4)
Establecer
los mecanismos, las reformas y las políticas necesarias para que el acceso a una vivienda adecuada no vuelva a ser jamás
un negocio para unos pocos y una esclavitud para las familias trabajadoras.
¡El artículo 47 de la Constitución refleja el derecho a una vivienda y
lo vamos a defender!
No vamos a tolerar más vulneración de los derechos
fundamentales, no sólo las familias se quedan en la calle si no que se les
condena a una deuda perpetua.
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