jueves, 23 de febrero de 2012

Comunicado ante el anuncio del decálogo contra los desahucios del Gobierno: Menos recomendaciones, y más respetar los derechos fundamentales.


Comunicado ante el anuncio del decálogo contra los desahucios del Gobierno: Menos recomendaciones, y más respetar los derechos fundamentales.


Ante el anuncio aparecido hoy en algunos medios que adelanta algunas medidas para evitar desahucios que en principio anunciará hoy el ministro de Economía, Luis de Guindos, y a la espera de conocer más detalles, la PAH quiere advertir  lo siguiente:
En primer lugar, según las informaciones aparecidas, las supuestas medidas se limitarán a meras “recomendaciones” para las entidades financieras: No necesitamos recomendaciones, sino una legislación garantista que proteja los derechos fundamentales de la ciudadanía. Estos años de crisis en los que la PAH acumula una gran experiencia de negociaciones con la banca nos han demostrado que la intervención pública no se puede limitar a apelar a la buena voluntad de bancos y cajas, porque estas entidades son empresas cuyo objetivo es hacer el máximo beneficio para repartirlo entre sus accionistas. Sería inaceptable dejar que sigan siendo los bancos los que decidan, en función de sus intereses y no de las condiciones objetivas de las familias, quienes se salvan de la deuda y el desahucio, y quienes no.
En segundo lugar, se anuncian como medidas incentivos fiscales y nuevas partidas del ICO. Exigimos que cualquier medida que se apruebe sea realmente para ayudar a las familias, ya que en lo que llevamos de crisis varias veces se ha anunciado medidas que finalmente a quien han beneficiado, una y otra vez, ha sido a la banca. Recordemos la moratoria ICO, aprobada por el gobierno anterior, que terminó siendo un absoluto fracaso para las personas afectadas. La ciudadanía no entendería que las medidas que finalmente se aprueben impliquen más dinero público para las entidades responsables de la crisis.
En tercer lugar, le recordamos al Gobierno que llevamos ya más de 330.000 ejecuciones hipotecarias y que por lo tanto hay cientos de miles de familias que ya han sufrido el injusto procedimiento de ejecución español, quedándose con una deuda de por vida y sin vivienda.Las medidas que se aprueben deben contemplar a la gente ya afectada, no aceptaremos medidas que sólo sirvan a futuro. No aceptaremos que se sacrifique a millones de personas. Las víctimas de la estafa inmobiliaria y financiera exigen reparación y una segunda oportunidad.
Por todo lo expuesto, mantenemos la necesidad urgente de legislar para garantizar el derecho a la dación en pago, la moratoria de los desahucios y la reconversión de los pisos hipotecados ejecutados en alquiler social asequible, y todo ello con carácter retroactivo. Recordamos que estamos a punto de empezar la recogida de firmas de laIniciativa Legislativa Popular que llevará estas propuestas al congreso, demostrando cual es la voluntad mayoritaria de la población española.
No necesitamos recomendaciones ni incentivos. Necesitamos una legislación que garantice el derecho a una segunda oportunidad y el derecho a la vivienda.

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