sábado, 21 de abril de 2012
Contra la condena hipotecaria.
Contra la condena hipotecaria.
A la dificultad histórica de nuestro país para acceder a una vivienda digna por parte de
amplios sectores de la población, con la actual crisis económica se suma el drama de la
pérdida de la vivienda por motivos económicos. Según datos del Consejo General del
Poder Judicial, desde el 2007 -año en que estalla la crisis- hasta el 2011, se han producido
350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España. Las previsiones de futuro no son
mejores e indican que estas cifras podrían duplicarse durante el 2013.
Las familias afectadas por estos desahucios pertenecen a los sectores sociales más
castigados por la crisis: las personas que han perdido el trabajo, especialmente las que se
encuentran en situación de paro de larga duración. Y, dentro de estas, las que pertenecen
a los colectivos tradicionalmente más vulnerables, como las personas inmigradas o las
madres solteras. Por otro lado, a la pérdida de trabajo y de la vivienda se suma una
consecuencia totalmente inesperada y de efectos gravísimos: en el Estado español
el procedimiento de ejecución hipotecaria prevé que, en caso de impago, la entidad
financiera pueda adjudicarse la vivienda por el 60% de su valor de tasación, y seguir
reclamando el resto de la deuda pendiente -más intereses y costes judiciales- tanto a la
persona afectada como a quienes la hayan avalado. .
Así, a la dramática situación de no tener trabajo ni vivienda, se añade una deuda
impagable que supone el embargo de salarios o de cualquier ingreso o propiedad de los
afectados y de sus avalistas. Se trata, por lo tanto, de una condena a la exclusión social, y
a la economía sumergida.
Ante esta situación, la medida estrella del Gobierno del Partido Popular, el código de
buenas prácticas para hipotecas de clientes con pocos recursos, impulsado mediante
el real decreto ley 6/2012 de 9 de marzo, resulta claramente insuficiente. Por un lado,
establece requisitos que dejan fuera a la inmensa mayoría de los afectados. Por otro
lado, está básicamente orientado a una refinanciación de la deuda que solo beneficia
a los bancos. Finalmente, el código deja fuera los miles de personas que ya han sido
desahuciadas.
Así, mientras las entidades financieras, en gran medida responsables de la actual crisis
económica, reciben miles de millones de euros en ayudas públicas, las familias con
hipotecas impagables continúan abocadas a la exclusión social. Es por eso que hace falta
una movilización social que fuerce un plan de rescate para los miles de familias que se
sobreendeudaron, no para especular, sino simplemente para acceder a un bien de primera
necesidad y a un derecho fundamental para las personas cómo es una vivienda digna.
Con este objetivo, esta mañana presentamos públicamente el pistoletazo de salida de la
iniciativa legislativa popular (ILP) para pedir la regulación de la dación en pago retroactiva,
paralizar los desahucios y promover el alquiler social. Tenemos hasta el 31 de octubre
para recoger las 500.000 firmas necesarias para que la ILP sea admitida en el Congreso
de los Diputados. .
Con esta ILP pretendemos que en los casos de vivienda habitual, la entrega de la
propiedad de la vivienda liquide la totalidad de la deuda. De hecho, el Estado español es,
en este sentido, una anomalía: tanto en EEUU como en la mayoría de países europeos
existe algún tipo de mecanismo que, de una manera u otra, permite resolver las deudas
hipotecarias en un plazo razonable.
Pero, además de la dación en pago retroactiva, también proponemos que se paralicen los
desahucios y que aquellas hipotecas que hoy resultan impagables puedan reconvertirse
en un alquiler social. De este modo las familias afectadas podrían permanecer en sus
viviendas destinando como máximo el 30% de sus ingresos para el pago del alquiler.
Es un absurdo y un escándalo social que los bancos sigan acumulando miles de pisos
vacíos mientras miles de familias se quedan en la calle y con deudas de por vida. Por eso
hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía porque se sume a la ILP en defensa del
derecho a la vivienda aportando su firma. ¡Que no nos hipotequen la vida!
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